Tras el fallo de la Corte, en el Gobierno dicen que cumplirán con los pagos de “becas y salarios” a las universidades, pero no con la ley completa

En el Gobierno hicieron su propia interpretación del fallo de la Corte Suprema de Justicia que dio lugar al reclamo de las universidades por mejores sueldos: aducen que sólo quedaron firme los artículos 4 y 5 de la denominada ley de Financiamiento Universitario y que con los acuerdos paritarios que firmó el 10 de junio con los rectores ya estarían cubiertos $ 830 mil millones de los $1,3 billones que contempla el presupuesto de ese articulado para todo el año, por lo que no descartan zanjar esa diferencia en una discusión durante el segundo semestre.

Pero para las autoridades de las casas de altos estudios la resolución del máximo tribunal si exigiría el cumplimiento de la normativa ratificada por el Congreso en 2025 luego que fuera vetada por el presidente Javier Milei. “Fue un camino largo y difícil. Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”, aseguró Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA.

Fue un camino largo y difícil. Hoy la Corte Suprema reafirmó que el Poder Ejecutivo debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario.

Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social y herramienta…

— Emiliano Yacobitti (@Yaco_Emiliano) June 25, 2026

En el Ejecutivo, no obstante, intentaron restarle dramatismo al revés judicial y alegaron que con las negociaciones paritarias pactadas el sector sería compensando por un atraso salarial que, vale decir, puertas adentro del oficialismo vienen reconociendo desde el 2024.

Por eso, fuentes gubernamentales consultadas adujeron que “más de la mitad de lo proyectado por el articulado incluido en el fallo”, el referido a “Becas y Salarios”, ya estaría cubierto con el entendimiento rubricado hace unas tres semanas. Y también remarcaron que aún no hay una resolución judicial por el recurso de amparo que había presentado el Estado contra toda la normativa impulsada por los bloques “aliados” del Parlamento.

Es que en la Casa Rosada rechazan hacerse cargo de todo lo presupuestado por la ley de Financiamiento Universitario que, estiman, ascendería a los $3,2 billones para todo el año. “No hay resolución sobre la cuestión de fondo de la ley”, insistieron.

Como sea, en las universidades este jueves expresaron su satisfacción por la resolución que dictó la Corte. Pero el máximo tribunal, de alguna manera, definió de forma salomónica la situación que enfrentaba a la administración de Javier Milei con las casas de altos estudios dado que desestimó darle lugar en ese estrado al recurso extraordinario federal que había presentado la Procuración del Tesoro pero tampoco le dio la razón al sector universitario, que tendrá que esperar la resolución del juez de primera instancia Martín Cormick, quien tendrá que validar el acuerdo alcanzado hace tan solo algunas semanas.

EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL QUE APLIQUE LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar dos artículos de la Ley 27.795, la Ley de Financiamiento Universitario. pic.twitter.com/UOaYi4r5zk

— UBAonline (@UBAonline) June 25, 2026

Es que en medio de las quejas y recursos judiciales que habían llegado hasta la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, los rectores y el ministerio de Capital Humano firmaron el 10 de junio un acta acuerdo con organizaciones gremiales docentes y no docentes por una recomposición salarial para el sector.

Según ese entendimiento, el Ejecutivo transferirá a las universidades nacionales los fondos tendientes a incrementar la masa salarial del 24,33%, distribuido de la siguiente forma: un 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026, y un 3% en octubre sobre los básicos de septiembre de 2026.